Un productor agropecuario de General Deheza admitió en la Justicia haber participado de varios encuentros sexuales con adolescentes de 15, 16 y 17 años, en una vivienda de su propiedad.

Después de que la declaración le fuera tomada el jueves pasado por la jueza Virginia Emma, de la Cámara Primera del crimen, el hombre de 65 años de edad quedó acusado de corrupción de menores y sería condenado a 3 años de prisión.

Esa es la pena que pidieron tanto el fiscal de Cámara Jorge Medina como el abogado defensor Gerónimo Trebuq. En ocasión de dar a conocer sus alegatos -el mismo jueves de la semana pasada-, el fiscal y la defensa consensuaron una pena atenuada e ir a un juicio abreviado, modalidad que implica el reconocimiento liso y llano de la acusación a cambio de atenuar la condena a aplicar.

El acusado, Enrique José Maino, llegó en libertad al juicio y podrá mantener esa condición, pues tanto el pedido del fiscal como el del abogado defensor fue que la condena a aplicar por la jueza sea de cumplimiento condicional.

La confesión

Para llegar a esa instancia, fue necesario que Maino admitiera que entre junio de 2009 y febrero de 2010 entregó dinero a tres varones de 15, 16 y 17 años para que mantuvieran relaciones sexuales con él, en una vivienda ubicada en General Deheza.

En esos encuentros el acusado mantenía relaciones sexuales , asumiendo un rol pasivo en presencia no sólo de uno o varios menores a la vez sino también de personas mayores de edad.

“La habitualidad de los encuentros, la aceptación normal de los menores de participar en los mismos y la presencia de numerosas personas, al parecer, mayores de edad, en tales citas sexuales constituyen circunstancias que, a la par de evidenciar una excesiva lujuria, se comportan como potencialmente lesivas del derecho de los menores de 18 años, al libre, sano y natural desarrollo de su sexualidad”, había dicho el fiscal Javier Di Santo cuando investigó los hechos. 

El próximo 20 de noviembre, la Cámara Primera del Crimen dará su veredicto y, por tratarse de un juicio abreviado, la jueza no podrá imponerle una pena superior a la que acordaron las partes. 

En el momento de dar a conocer su alegato, el fiscal Jorge Medina aclaró que de ninguna manera el juicio que se estaba llevando adelante implicaba una penalización de la elección sexual del acusado, sino que lo que se estaba juzgando era que se sometiera a menores de edad a participar de las fiestas sexuales que se hacían en su domicilio.

Teniendo en cuenta la naturaleza sexual del delito que admitiera el productor agropecuario, el fiscal pidió que en el momento en que se dicte la condena la jueza solicite que se le realice un abordaje psicoterapéutico.

Por estos episodio, el acusado corrió serio riesgo de quedar en prisión preventiva a comienzos de 2010. En mayo de ese año, el fiscal Di Santo elevó la causa a juicio y, cuatro años después, la causa terminó con el productor agropecuario en el banquillo.

Fuente: Puntal